La cuenta pública 2017 detectó daño patrimonial por más de 1 mil 022 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y…

Xalapa, Ver.- La cuenta pública 2017 detectó daño patrimonial por más de 1 mil 022 millones de pesos en el ejercicio del gasto de 153 municipios y dos entidades paramunicipales, entre ellas la comisión de agua potable y saneamiento de Xalapa y Lerdo de Tejada.

El informe de resultados que presentó este lunes el Organismo de Fiscalización Superior del Estado señala que se lograron recuperaciones en reintegros a la hacienda pública por 12 millones de pesos.

Los municipios con mayores desvíos fueron Coatzacoalcos con 142.2 millones de pesos, San Andrés Tuxtla con 56 millones de pesos, Pueblo Viejo con 25 millones de pesos, Lerdo de Tejada con 24 millones de pesos, Naolinco con 22 millones de pesos, Emiliano Zapata con 50 millones de pesos, Álamo Temapache con 27.9 millones de pesos, ixhuatlán de Madero con 34.5 millones de pesos, Las Choapas con 26.3 millones de pesos.

Xalapa tuvo un daño patrimonial de 7 millones de pesos en el ayuntamiento más 20 millones de pesos en la Comisión de Agua y Saneamiento, mientras que Coatepec tuvo un daño patrimonial de 9 millones de pesos.

En el informe estatal de resultados de los entes fiscalizables 2017, realizó auditorias financieras y presupuestales donde detectó en general inconsistencias como: Anticipos a sueldos y salarios, así como de obra pública no amortizados y/o recuperados, traspasos de recursos entre fondos no reintegrados a sus cuentas bancarias de origen, Saldos de Deudores Diversos cancelados sin evidencia documental.

Además hay erogaciones sin comprobación documental, Erogaciones y/o donativos sin evidencia de que hayan sido recibidas por los beneficiarios, Adquisiciones de bienes o servicios sin observancia a la normativa aplicable, y Falta de enteros de obligaciones fiscales a las instancias competentes en la materia.

En las auditorias técnicas a la obra pública se detectó: Pago de costos elevados en obra pública, volúmenes de obra pública pagados no ejecutados, falta de expedientes técnicos unitarios de obra, obras sin terminar o fallidas, obras no ejecutadas, obras pagadas sin ejecutar y obras sin la validación de la Dependencia o Instancia normativa.

Los ayuntamientos tienen un plazo de quince días hábiles para que presenten las aclaraciones y la documentación justificatoria y comprobatoria que las solvente debidamente.

Adicionalmente el Orfis informó que se elaboran los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables y el Informe General Ejecutivo, mismos que se entregan al Congreso del Estado, a más tardar el primero de octubre.

Luego de que la Comisión de Vigilancia del Congreso Local emita el Dictamen de los Informes y se somete al Pleno la autorización, a más tardar el último día de octubre, el congreso tendrá que instruir al Orfis para iniciar la investigación respectiva de las observaciones de presunto daño patrimonial y aquellas que se puedan constituir como Faltas Administrativas Graves

Deuda un riesgo para las finanzas

La auditoria también reveló que al cierre del ejercicio 2017, los Entes Fiscalizables Municipales presentan un saldo en cuentas por pagar en el orden de los 3 mil 562.

El Orfis resalta que el 40.9% de la deuda se concentra en apenas 8 municipios, como lo son Acayucan, Boca del Río, Coatzacoalcos, Pánuco, Tantoyuca, Tuxpan, Veracruz y Xalapa, lo que significa un riesgo en sus finanzas.

Las obligaciones son ante contratistas, proveedores, instituciones como Comisión Federal de Electricidad, Instituto de Pensiones del Estado, Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como compromisos fiscales y sentencias laborales.

Respecto a la deuda pública de municipios, el Orfis también revela que 19 municipios contrataron deuda por 608 millones de pesos al realizar asociaciones público- privadas con NL Technologies S.A. de C.V. para la concesión del alumbrado público, y algunos otros para el tema de manejo de basura.

A su vez durante la auditoría a la Deuda Pública y Disciplina Financiera se identificó que estos contratos no fueron inscritos o reportados por la Secretaría de Hacienda y Crédtio Público (SHCP).

También se dio a conocer que cuatro municipios: Coatzacoalcos, Minatitlán, Tantoyuca y Zontecomatlán, solicitaron créditos por 141 millones de pesos.

También los Entes Fiscalizables Municipales reflejan impuestos federales y estatales pendientes de enterar al 31 de diciembre de 2017 principalmente por concepto de Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo por 398 millones de pesos.

De acuerdo al Orfis el aumento del daño patrimonial en entes municipales, se debe a que la fiscalización se dio en un entorno de características diferentes a las de otros años derivado de factores que incidieron fundamentalmente en el proceso de solventación de las observaciones determinadas.

“Estos factores dificultaron el flujo oportuno de la información en unos casos, por el natural desconocimiento de las nuevas administraciones y en otros por el inadecuado archivo documental, que en ocasiones tienen los Ayuntamientos y que provocó limitaciones para la obtención de evidencia suficiente “, señalan.

Para la revisión de las Cuentas Públicas de los Entes Fiscalizables Municipales el ORFIS llevó a cabo 1,1751 auditorías integrales, de las cuales 621 fueron auditorías financieras-presupuestales, 494 auditorías técnicas a la obra pública, 41 auditorías a la deuda pública, 10 auditorías en coordinación con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y 9 auditorías de Legalidad.

Asimismo, se efectuaron 165 revisiones al Rubro de Deuda Pública y 25 Evaluaciones de Participación Ciudadana

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